Aprobado en el “Congreso de Unidad” Realizado el 14 de septiembre de 2002.

Buenos Aires - Argentina.

Comisión de Programa para la Unificación del Socialismo.

Integrantes: Mónica Fein, Alejandro Rofman, Alfredo Lazzeretti, Jorge Tula, Felipe Fridman, Carlos Fidel, Enrique Oteiza, Pablo Bonazzola, Rodolfo Mangas.

CONTENIDO

I. DECLARACIÓN DE ROSARIO.

II. INTRODUCCIÓN.

III. LOS VALORES DEL SOCIALISMO.

III. UNA SOCIEDAD LIBRE, IGUALITARIA Y SOLIDARIA.

- La defensa irrestricta y universal de los derechos ciudadanos.

- La equidad de género

- La eliminación de todo tipo de discriminación.

- La vigencia efectiva de los derechos de la infancia.

- La participación protagónica de la juventud.

- La protección integral de las personas mayores.

- El derecho de todos al trabajo.

- La inclusión e integración de los más postergados mediante políticas sociales de carácter universal.

- Salud para todos

- La educación pública, universal, obligatoria, laica y gratuita

- Vivienda digna y hábitat adecuado

- La integración de las personas con necesidades especiales.

- La democratización de la cultura

- El derecho a la ciudad

- La preservación del medio ambiente

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IV. DEMOCRATIZACIÓN DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA 15

Democracia política y social

Democracia económica

Un Estado eficiente, transparente, participativo y solidario

Sistema electoral y de partidos políticos

Autonomía municipal

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V. DESARROLLO CON EQUIDAD SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD 18

La refundación del Estado 18

Un nuevo modelo de desarrollo 19

La economía social 20

Sistema bancario y financiero 21

Economías regionales 22

La reforma urbana 23

Ciencia e investigación 23

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VI. INTEGRACIÓN EN EL MERCOSUR, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PAZ MUNDIAL 23

La paz mundial 23.

La Integración regional y el Mercosur. Respuesta a la globalización 24.

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QUIENES SOMOS, POR QUÉ LUCHAMOS 26

I. DECLARACIÓN DE ROSARIO

Los socialistas de Argentina nos unimos en momentos en que el país atraviesa una crisis inédita, signada por el desmoronamiento de un régimen político, económico y social moldeado por la última dictadura, el endeudamiento externo fraudulento, la hiperinflación, los golpes de mercado, la desarticulación del Estado, la privatización del patrimonio público, la concentración económica y la hipertrofia de un sistema financiero ajeno a las necesidades del país y sus vaivenes institucionales.

En ese contexto, el sistema político e institucional padece una grave crisis de credibilidad y legitimidad, a la que no es ajeno prácticamente ninguno de sus actores. Y aunque ese descrédito es amplificado por los medios de comunicación adictos al establishment y ciertos guetos fascistas, lo cierto es que el pueblo en su conjunto ha puesto en tela de juicio al sistema institucional. Esa crisis no puede entenderse sin aludir a la actitud cómplice de los grandes actores políticos, a la desvergonzada connivencia entre éstos y un poder económico habituado a las prácticas mafiosas, al riesgo cero y a las ganancias ilimitadas de unos pocos a expensas de las grandes mayorías; a la impunidad de los genocidas y de los grandes delitos políticos y económicos; a la feroz corrupción de muchos estamentos del poder; a una Corte Suprema de Justicia abyecta y a la incapacidad del sistema político para construir un espacio de autonomía, decisión y soberanía colectivas frente a la prepotencia del establishment.

El hartazgo popular, que ya se había expresado en las elecciones del 14 de octubre y se viene manifestando de múltiples formas, no apunta sólo contra un puñado de personajes, por más emblemáticos que éstos sean. Para una significativa mayoría, la propia actividad política se ha convertido en sinónimo de corrupción, mientras su incapacidad para trasformar la vida cotidiana de las personas ha hecho perder todo vestigio de legitimidad.

Es que, por acción u omisión, el sistema político ha prestado su aquiescencia a la implantación de un régimen que condena a la inmensa mayoría de los argentinos al desempleo, a la precariedad laboral, a la miseria, a la brutal degradación de sus condiciones de existencia, a la inseguridad en todas sus manifestaciones, al desamparo, a la privación de sus derechos civiles, sociales y laborales.

La indignación tiene, entonces, raíces profundas. Y, cada vez más, para desesperación del establishment, se dirige contra el modelo que nació en 1976 con la dictadura sanguinaria, asistió a su dramática expansión bajo la oprobiosa década menemista y se profundizó bajo el gobierno de Fernando de La Rúa. Es precisamente la continuidad de ese régimen la que está en la base del enorme descrédito que exhiben hoy las instituciones republicanas.

Sin embargo, y con el apoyo de la potencia hegemónica, el poder económico –conformado por los acreedores externos, los organismos multilaterales que les responden y los grupos más concentrados, asociados al sector financiero y los consorcios emergentes de la privatización de los activos públicos- sigue demandando que se profundicen la desarticulación del Estado y las condiciones de explotación que padecen los trabajadores, que se rebajen las exiguas cargas impositivas que pesan sobre el capital, que sigan licuándose las deudas empresarias a costa del conjunto de la sociedad, y aun que se garantice la impunidad de los delincuentes económicos ligados al establishment.

La situación descripta nos coloca ante un crucial desafío político, que es necesario enfrentar con decisión, audacia, responsabilidad y compromiso. Por ello, los socialistas de Argentina hemos decidido dejar atrás décadas de estériles desencuentros, fragmentaciones y divisiones, para acometer la enorme y trascendente tarea de reconstruir una herramienta política común para todos los socialistas.

A 106 años de distancia de aquel Congreso constituyente donde nacía la primera organización política moderna de la Argentina, decidida a representar a la nueva clase que emergía de las entrañas del sistema capitalista, a preparar su emancipación del yugo explotador y a fundar un nuevo orden económico y social, este Partido Socialista viene a recuperar lo mejor de nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, a responder al surgimiento de nuevas demandas y nuevos actores sociales con un programa renovado y una acción consecuente capaces de impulsar la profunda transformación que el país necesita.

Hoy más que nunca, frente a la gravedad de la crisis política, económica y social, y a las presuntas opciones que, dictadas bajo la hegemonía del pensamiento único, no pueden conducir sino a profundizarla, la alternativa del socialismo adquiere una renovada significación para los trabajadores, los explotados, los marginados y los excluidos, en fin, para quienes aspiran a una sociedad más libre, más justa, más solidaria y más democrática.

Por eso, la construcción de una herramienta política unitaria, de enorme potencialidad política y social, es para nosotros una decisión estratégica.

Mientras el poder económico discute quien encarnará el proyecto político retardatario de la vieja derecha, los socialistas, junto al conjunto de la izquierda democrática y a los demás sectores progresistas comprometidos con un proyecto de transformación profunda de la sociedad, debemos también prepararnos para lo que será una confrontación decisiva por el futuro de la Argentina.

Frente a la alianza de los herederos de la dictadura, los personeros del modelo neoliberal y de rapiña hoy vigente y los representantes de una cultura política agotada y cómplice, debemos ser capaces de congregar a las fuerzas más avanzadas y dinámicas de la política, la economía y la sociedad para ser protagonistas de la construcción de otro modelo de país.

Los socialistas hemos venido denunciando tenazmente las claudicaciones que nos llevaron al actual estado de cosas, proponiendo alternativas y abriendo cauces, para que las coincidencias con un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales conformen el sustrato de una gran coalición de izquierda democrática, que hoy se expresa en las calles, en las asambleas populares, en las luchas heroicas del pueblo argentino, pero que aún no tiene vertebración orgánica.

Un Partido Socialista único, fuerte, avanzado, popular y democrático, como el que hoy refundamos, está en condiciones de convertirse en la avanzada de esa gran coalición, para transformarla en una herramienta capaz de encarnar una alternativa de poder y llevar adelante el cambio que la sociedad argentina nos está demandando.

Ese cambio sólo será posible en el contexto de una integración más activa y comprometida de los pueblos latinoamericanos. Y, en esa tarea, una convergencia de las fuerzas progresistas de la región sustentada en la más genuina vocación internacionalista y la constitución de una fuerza socialista del MERCOSUR están llamadas a convertirse en una poderosa palanca de renovación política, progreso económico y social, e identidad cultural.

Por ello, tomamos hoy la decisión de construir un único Partido Socialista, sobre la base de los partidos Socialista Democrático y Socialista Popular.

Y convocamos al resto de las fuerzas y agrupaciones socialistas hoy existentes, así como a los millares de argentinos que aún permanecen fuera de las estructuras vigentes pero que comparten nuestro ideario, a emprender el renovado y trascendente desafío de reconstruir el partido único de todos los socialistas y avanzar así en la construcción de una sociedad más libre, más democrática, más justa y más solidaria: la sociedad socialista.

II. INTRODUCCIÓN

Los argentinos ingresamos al nuevo siglo con el peso de una crisis que no tiene antecedentes en nuestra corta historia. El país que muchos de nosotros conocimos, y que se distinguía por una educación pública que nos preparó para ser ciudadanos, que construyó un estado social que a pesar de sus déficits promovió nuevos derechos, que logró ser el más igualitario de esta parte del mundo, que generó una gran movilidad social, que esbozó un proyecto nacional con fuerte énfasis en una industrialización sobre crecientes bases tecnológicas propias, que alcanzó el pleno empleo y que fue capaz de iniciar un proceso de desarrollo, pues bien, ese país no existe más.

Al interior de esta historia el Partido Socialista ocupó un papel claramente positivo en la primera mitad del siglo. El Partido Socialista contribuyó y mucho en las luchas sociales y políticas desde fines del siglo XIX, siendo un gran impulsor de las reivindicaciones a favor de la justicia social y en particular, la legislación laboral. También dejó su marca en movimientos como el de la Reforma Universitaria del ’18, el cooperativismo y el mutualismo, la defensa de la democracia política y social, y las luchas en defensa de los derechos humanos. Sin embargo su influencia y su perfil se fueron desdibujando a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Desde la década del ’50 divisiones estériles contribuyeron fuertemente a que el socialismo no tuviera la fuerza suficiente como para abrir reales alternativas al marcado deterioro que la sociedad fue experimentando en forma creciente desde entonces.

Todos aquellos logros, que fueron la consecuencia de largos años de lucha de nuestro pueblo, comenzaron a ser destruidos durante la dictadura militar de 1976 y se terminaron de abandonar debido a una despiadada política ejecutada por el presidente Menem. Con una intensidad desconocida en otros lados, se inició un proceso salvaje que arrasó con los cimientos en los que se asentó la Argentina moderna.

En este escenario, los grandes partidos han terminado de poner en evidencia las irreversibles limitaciones de sus cuadros dirigentes. Los primeros intentos de conformar nuevas alianzas políticas para generar alternativas progresistas frente al neoliberalismo conservador dominante, también mostraron las limitaciones en la cultura política de dirigencias provenientes de distintas experiencias históricas.

El nuevo siglo nos coloca entonces ante un gran desafío: reconstruir el país. Pero reconstruirlo sobre nuevas bases de equidad, solidaridad, justicia social y eliminación de toda forma de explotación social. En ese cometido, es notorio que deberá replantearse a fondo, el sistema económico-social que nutre los fundamentos de las actuales carencias, privaciones e injusticias que agobian a la mayoría de la sociedad argentina. Se trata del sistema capitalista salvaje, que en su derrotero del último cuarto de siglo ha destruido las bases de la convivencia social a partir de la entronización de un modelo sostenido por una única meta: valorizar el capital financiero especulativo y agredir a la producción, al salario, al empleo y a las conquistas sociales fundamentales de los trabajadores.

Para avanzar en otra dirección, contrapuesta a la que nos ha llevado a esta gravísima tragedia económico –social y política, es preciso construir un nuevo rumbo, a partir del diseño de un Proyecto Nacional, con la voluntad de la mayoría de la población argentina, hoy excluida y acorralada en la miseria, el desempleo y la ausencia de una auténtica democracia participativa.

Con este proyecto de nuevo país, superador del que nos rigió hasta ahora, tendremos que buscar otros caminos para insertarnos en este mundo globalizado, que nos permita aprovechar las oportunidades que ofrece y no quedar prisioneros de los riesgos que conlleva.

No existe política sin proyecto. Pero, además, es imposible imaginar la superación de una crisis tan profunda como la actual sin un Proyecto Nacional. Este proyecto, como es obvio, deberá ser diseñado en el marco de un avance irrefrenable del capitalismo financiero especulativo, y deberá librar una batalla político-cultural contra el pensamiento único que sostiene irrestrictamente la privatización de las actividades económicas, la desregulación de los mercados, la mundialización financiera y la reducción del Estado a su mínima expresión, como manifestación concreta del Consenso de Washington.

Esta ineludible contienda deberá efectuarse a nivel internacional y nacional. En el primer caso, integrando bloques con aquellos países erosionados por los efectos nocivos de la globalización con el fin de bregar por una regulación concertada de los avasalladores movimientos de capital, erradicar los paraísos fiscales, lograr inversiones que generen riqueza y trabajo, e impedir cualquier cuestionamiento a los programas de bienestar.

A nivel nacional, se trata de volver a sacar a luz la idea de Proyecto democráticamente formulado, es decir, de una plataforma ideal que oriente al gobierno de nuestra sociedad. Para ello, entre otras cosas, tendremos que reelaborar la idea de un “Estado nacional”, que sea económica, monetaria y políticamente soberano.

Este proyecto, es fácil advertirlo, no se propone enfrentar las consecuencias, sino las causas de los desequilibrios que genera este capitalismo que estamos padeciendo. Nuestro objetivo no es adaptarnos a una sociedad menos injusta, sino avanzar hacia un orden fundado en una sociedad justa.

Un desafío de esta envergadura puede obligar, en la transición y con el objetivo de acumular fuerzas en el cumplimiento del derrotero enunciado, a la búsqueda de una convergencia de fuerzas políticas afines, más aún en un escenario en donde el incremento de la dispersión política atenta contra la eficacia de cualquier fuerza con pretensión de gobierno.

Ahora bien, un proyecto de estas características sólo puede ser promovido y ejecutado por una coalición política progresista en donde la izquierda democrática, es decir el socialismo, desempeñe un rol protagónico central: No puede haber coalición de centro-izquierda sin una izquierda democrática fuerte, moderna, audaz e inteligente. Un partido de este color ideológico y de estas características es el mejor garante de la reconstrucción de un país en ruinas y de la recreación de las bases sociales y económicas para que los argentinos podamos poner fin a una fractura social intolerable para cualquier sociedad seriamente democrática.

Sin embargo, conviene recordar nuestras experiencias coaliciónales recientes. Sólo así podremos evitar futuras construcciones políticas endebles y propensas a giros ideológicos y políticos inaceptables para una fuerza política como la nuestra. Porque las coaliciones son creaciones políticas a veces indispensables, pero que requieren de cuidados y de reglas claras. Esta actitud y estas normas sólo pueden ser garantizadas por sujetos políticos responsables. Y el partido de los socialistas que estamos dando a luz es precisamente el fruto de la responsabilidad. No se puede calificar de otra manera a la decisión política de poner fin a una historia de injustificadas fragmentaciones del espacio socialista.

Pero para lograr construir el Partido Socialista que reclama este mundo de incesantes transformaciones, es necesario rediscutir ciertas concepciones ideológicas y esquemas organizativos que guiaron hasta ahora nuestra acción política. Cuando las circunstancias económicas y el mosaico social se modifica, las ideas-eje, el programa, alrededor de las cuales gira nuestro trabajo político necesariamente deben ser modificadas.

Pero si, además, el escenario nacional todo se ve sacudido por una crisis que altera hasta grados desconocidos las diversas instancias de la vida ciudadana y de las instituciones alrededor de las cuales se organiza la sociedad, las propuestas programáticas y los instrumentos organizativos que nos acompañaron hasta ese momento tienen necesariamente que ser repensados con una profundidad tal que obliga a poner en juego toda nuestra inteligencia e imaginación.

Este último es el escenario en el que tenemos que actuar. Y de nuestra capacidad intelectual y política dependerá que desempeñemos un rol primordial o que sigamos siendo actores secundarios.

De nuestra centenaria historia hay momentos de los que podemos estar orgullosos. Uno de ellos es aquel en el que los socialistas lograron fundar el primer partido político moderno de la Argentina. Hoy tenemos la oportunidad de crear un nuevo espacio político de confrontación de ideas, de construcción de propuestas, un laboratorio de renovación de las tradiciones políticas, un centro de experimentación de nuevas formas de relacionarse con una sociedad que reclama menos delegación y más participación.

En este camino, la estrategia a largo plazo del socialismo, fundamentalmente, deberá contener el diseño de una Nueva Sociedad, que reemplace al sistema capitalista, hoy incapaz de asegurar dignidad, trabajo e ingreso al conjunto de los pobladores de la Nación Argentina. Esa Nueva Sociedad a alumbrar, en un largo y creativo camino, tendrá que asegurar a todos el derecho a una inserción política, económica, social y cultural que dé lugar a relaciones sociales libres de explotación, dominación o cualquier manifestación de poder coercitivo.

Como en el siglo pasado, el siglo que está comenzando requiere de instituciones nuevas, de organizaciones políticas inteligentes y participativas. Sin ellas no será posible reconstruir el país arrasado. ¡Manos a la obra, socialistas!

III. LOS VALORES DEL SOCIALISMO

El trabajo político del socialismo tiene como meta crear una sociedad sin privilegios y sin relaciones de dominación que, siendo organizada democráticamente, se base en los principios de libertad, igualdad y solidaridad. El socialismo desea formar una sociedad basada en los ideales de la democracia donde cada persona tiene su propio valor. La libertad y la igualdad de las personas en una sociedad solidaria es el propósito del socialismo.

El Socialismo defiende la libertad de todos y cada uno de los individuos en el sentido de una autodeterminación con responsabilidad social. La libertad de cada uno es para nosotros la base para la libertad de todos los miembros de la sociedad. La libertad no sólo significa un rechazo de cualquier forma de dictadura y de todo sistema autoritario sino que conlleva también conquistas sociales. La libertad consiste tanto en ser libres de coacciones y opresiones externas, del hambre, de la ignorancia y del miedo, como al derecho a la autodeterminación y a la participación, a tener posibilidades de desarrollo, a tener las posibilidades de influenciar sobre su propia vida y de elegir su propio futuro.

Las libertades y derechos de los ciudadanos, tales como el derecho a votar, la libertad de pensamiento y de creencia, la libertad de expresión y la libertad de organización son necesarias, y forman la base de la libertad, pero no son suficientes. Las desigualdades económicas y sociales crean condiciones distintas para que los ciudadanos puedan hacer uso de esta libertad y para que tengan las posibilidades de influir sobre su propia vida. La verdadera libertad para participar y desarrollarse, es la de liberarse de la desigualdad económica, cultural y social.

La igualdad constituye el sustento de la libertad. En una sociedad desigual, los afectados por la desigualdad son también necesariamente menos libres para dirigir sus vidas. La igualdad constituye también una distribución justa de los recursos tan importantes para la libertad del individuo, es decir economía, educación y cultura. Como la libertad, requiere también la igualdad estructuras sociales y condiciones económicas que den a todos el mismo derecho y las mismas posibilidades de desarrollo y participación. La igualdad conlleva para nosotros el derecho al trabajo y a la educación, así como la igualdad de derechos políticos y sociales. Los individuos más débiles o en situación desventajosa, tienen el derecho a políticas de apoyo y de ayuda adicionales.

La solidaridad significa que todos deben tener el mismo derecho y la misma posibilidad de influenciar sobre las medidas a tomar y todos deben tener la obligación de ser responsables de las mismas. Es necesario extender la solidaridad entre generaciones y, además entre las generaciones presentes y las generaciones futuras.

La solidaridad excluye el egoísmo de lucrar con otros en su propio beneficio. Para los postergados, la solidaridad constituye un apoyo en su lucha por la justicia. Para todos, independientemente de su propia fortaleza, la solidaridad es una condición para alcanzar la seguridad y la cooperación en la vida social, que solamente pueden nacer de la confianza, y nunca de la lucha y de la competencia.

La libertad, la igualdad y la solidaridad constituyen juntas los cimientos de la sociedad democrática, del mismo modo que solamente una sociedad democrática puede poner en práctica la libertad, la igualdad y la solidaridad. La democracia constituye en sí misma los cimientos de la ideología socialista, y sus ideales tienen que caracterizar la vida social en toda su extensión, política económica, social y culturalmente.

Las mujeres y hombres que integramos el socialismo trabajamos para que los ideales de la democracia impriman su carácter en todo el orden social establecido y en las relaciones entre los individuos. Nuestro objetivo es una sociedad sin diferencias de clases y sin segregación sexual o étnica, una sociedad sin prejuicios y sin discriminaciones, una sociedad donde todos los individuos son necesarios y donde todos encuentran su lugar, donde todos tienen los mismos derechos y el mismo valor, donde los niños pueden crecer y desarrollarse como personas libres e independientes, donde todos tengan la libertad de dirigir sus vidas y donde juntos, logren las soluciones sociales necesarias para lograr una calidad de vida digna.

La democracia debe practicarse en muchas formas y en muchas etapas. El socialismo aspira a un orden social donde las personas, como ciudadanos e individuos, puedan influir tanto sobre el desarrollo social como sobre el trabajo de su vida cotidiana. Aspiramos a un orden económico donde cada persona como ciudadano, asalariado y consumidor pueda influir sobre la producción y su distribución y sobre la organización y condiciones de su vida laboral.

El poder de la sociedad debe provenir de todos aquellos que la integran y le imprimen sus formas. Los intereses económicos no deben tener nunca el derecho de limitar la democracia.

La democracia es un mínimo de socialismo; el socialismo es el máximo de democracia.

III. UNA SOCIEDAD LIBRE, IGUALITARIA Y SOLIDARIA

La lucha del socialismo por la libertad e igualdad de todas las mujeres y varones en una sociedad democrática y solidaria, se sustenta en las siguientes propuestas:

1. La defensa irrestricta y universal de los derechos ciudadanos.

El derecho a la vida, a la libertad de expresión, al vivir en paz, a la información, a la participación, se ven crecientemente amenazadas en nuestro país por la desigualdad social y económica, la marginación, la arbitrariedad y las tendencias autoritarias. El socialismo compromete sus mayores esfuerzos hacia una sociedad en que las libertades y la justicia para todos los ciudadanos sean inviolables.

2. La equidad de género.

La desigualdad entre las condiciones de vida de varones y mujeres en todas las clases sociales configura un orden social injusto, llamado sistema de género.

Es imprescindible modificar ese sistema de ideas que asigna roles estereotipados y jerarquías a la diferencia biológica entre los sexos, porque la diferencia no tiene por qué ser entendida como desigualdad.

En Argentina, los derechos ciudadanos conquistados por las mujeres son en muchos casos sólo formales, y su concreción requiere de una lucha y explicitación permanentes.

Por ello el socialismo impulsa la equidad de género en todas las políticas públicas y la lucha por remover los obstáculos que limitan la autonomía de las mujeres y las posibilidades de desarrollo personal a mujeres y varones, a través de las siguientes propuestas:

· Paridad en la participación política de mujeres y varones.

· Efectivo cumplimiento del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

· Garantía de todos los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia.

· Responsabilidades familiares compartidas equitativamente, favoreciendo un mayor involucramiento de los varones en la crianza de los hijos e hijas e impulsando la licencia por paternidad, entre otros aspectos, y la participación de los varones en las tareas domésticas.

· Despenalización del aborto, para reducir el número de muertes de mujeres a causa de abortos inseguros. La tipificación del aborto como delito hace que las mujeres no concurran o lo hagan tardíamente a los centros de salud, cuando un aborto se complica por temor a la denuncia y a la cárcel.

· Legalización del aborto y cumplimiento efectivo en los siguientes casos: cuando el embarazo es consecuencia de una violación, cuando corre riesgo la salud de la mujer, o cuando no existe posibilidad de vida extrauterina del feto.

· El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos o a la ligadura de trompas, informada y voluntariamente.

3. La eliminación de todo tipo de discriminación.

El socialismo considera necesario luchar contra todas las discriminaciones y fortalecer las políticas de acción positiva para superar sus efectos. Es necesario usar la acción pública para salir al paso de los prejuicios y valores conservadores que, con el pretexto de sexo, nacionalidad, etnia, preferencias sexuales, religión, ciertas enfermedades o cualquier otro motivo, conculcan la igualdad política esencial de los seres humanos.

4. La vigencia efectiva de los derechos de la infancia.

El socialismo asume el compromiso explícito con la infancia y juventud como sujetos de derecho, que deben gozar de los derechos, libertades y garantías establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

El socialismo impulsa como políticas públicas para la infancia:

· La libertad de crecer: derecho a la vida y al desarrollo basado en la calidad de vida y desarrollo integral de la Infancia, integrando el cuidado del cuerpo, la promoción y la atención de la salud.

· Saber es descubrir: el derecho a la educación, aprender a aprender, como modo de comprender críticamente el mundo y la cultura, garantizado por un sistema educativo, público e igualitario, que se constituya en provocador de formación en valores, arte, ciencia y tecnología con criterio de multiculturalidad y con perspectiva de género.

· El trabajo creador: formar a la niñez en el valor del trabajo y el poder transformador y creativo del mismo en una sociedad solidaria, protegiéndola del trabajo infantil como forma de explotación.

· Un lugar en el mundo: derecho al nombre, a crecer en una familia, a tener una patria, una lengua, garantizado por políticas culturales que brinden oportunidad en la diversidad, respeto a la multiculturalidad y desarrollo de las culturas regionales.

· Jugar es crecer: el juego es el dispositivo de aprendizaje, integración social, e identificación cultural. Defender y promover este derecho, es una forma de propender a la cultura democrática y al crecimiento pleno de la infancia.

5. La participación protagónica de la juventud.

La exclusión provocada por el modelo neoliberal es particularmente grave en la juventud, que en Argentina incluye diez millones de mujeres y varones entre 15 y 29 años, y se traduce en la sistemática exclusión de las y los jóvenes del acceso a las oportunidades laborales, educativas, sociales y culturales.

Es prioritario construir alternativas con el protagonismo de los propios jóvenes, que les posibiliten tener un proyecto de vida digna y una responsabilidad de su destino individual y colectivo, y crear valores solidarios y participativos para la comunidad en la que viven y para la sociedad en general.

En ese sentido, son propuestas del socialismo:

Generar espacios institucionales para la reflexión, el debate y la participación activa, donde se fortalezca a las y los jóvenes como ciudadanos y se promueva su identidad juvenil y social, y su inserción tanto en materia laboral, como social y cultural.

Garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles.

Crear ámbitos de capacitación laboral orientados a la empleabilidad juvenil, la formación personal y la inclusión social y laboral de las y los jóvenes.

Promover una vida sexual con libertad y responsabilidad, garantizando la información sobre su salud sexual y reproductiva, y accediendo a métodos anticonceptivos y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual como el VIH-SIDA.

Alentar la participación juvenil en actividades solidarias de apoyo a actores sociales con dificultades en su vida cotidiana (personas mayores, niños en riesgo, personas con dificultad de aprendizaje, personas con discapacidades). Acción colectiva y participativa de la juventud en las estrategias de prevención de las adicciones.

6. La protección integral de las personas mayores.

Uno de los fenómenos sociales que caracterizó al siglo XX fue la prolongación de la vida de las personas, aunque en forma desigual entre los más ricos y los más pobres. Al mismo tiempo, quienes llegan a edades avanzadas tienen imposibilidad creciente de una vida plena, de un ingreso jubilatorio digno o de cuidados adecuados a sus necesidades, convirtiéndose en uno de los sectores más excluidos. El socialismo considera fundamental reconstruir desde el Estado la posibilidad de una vejez digna y con asistencia, con autodeterminación y participación; y desde la sociedad, la contención e integración social de las personas mayores.

Debe reestatizarse el sistema previsional y efectuar una profunda reforma jerarquizando la eficiencia, la transparencia y la participación de los beneficiarios.

Se debe priorizar los niveles locales, municipales, comunales y barriales, para la generación de programas y proyectos para las mujeres y varones adultos mayores con plena participación de los destinatarios. Se debe fomentar asimismo la creación de instituciones abiertas para sustituir carencias materiales y afectivas no brindadas por el grupo familiar.

Las personas mayores deben tener acceso a instancias de capacitación para el desempeño laboral teniendo en cuenta las potencialidades y experiencias acumuladas y la ocupación creativa y participativa del tiempo libre.

Debe desarrollarse la asistencia y acompañamiento domiciliario en los casos necesarios, con base en las organizaciones comunitarias y en los programas laborales solidarios para la juventud.

7. El derecho de todos al trabajo.

El socialismo entiende que pese a las profundas modificaciones de los sistemas productivos y laborales, el trabajo sigue siendo la actividad fundamental de la sociedad y fuente principal de la riqueza, por lo que impulsa las políticas de pleno empleo y el derecho de todas las personas al trabajo digno.

El socialismo se compromete a defender las conquistas y derechos de las trabajadoras y los trabajadores; a dignificar el trabajo doméstico; y a que todos los trabajadores y trabajadoras gocen de salarios dignos y prestaciones, capacitación y condiciones de trabajo satisfactorias y seguras. El empleo estable y bien remunerado debe ser una prioridad en los planes y acciones de gobierno para acabar con la pobreza y construir una sociedad justa.

El cuidado y promoción de la salud de los trabajadores y el perfeccionamiento permanente de las condiciones y medio ambiente de trabajo saludables es un objetivo prioritario del socialismo. Debe impulsarse la recuperación por el Estado del sistema de prevención y aseguramiento de riesgos del trabajo.

En la lucha por estos objetivos, es fundamental el fortalecimiento y democratización de las organizaciones representativas de los trabajadores.

8. La inclusión e integración de los más postergados mediante políticas sociales de carácter universal.

Debe garantizarse al conjunto de las personas, particularmente aquéllas en situación de mayor vulnerabilidad: la eliminación de su condición de pobreza sobre la base de la solidaridad y la redistribución del ingreso, mediante la Implementación del ingreso social mínimo garantizado; la cobertura de salud, la seguridad alimentaria, la educación gratuita, el acceso a jubilaciones y pensiones cuando corresponda, y la garantía del principio de igualdad de oportunidades.

9. Salud para todos.

El socialismo sostiene que la salud, junto con la educación, son derechos fundamentales y constituyen los pilares básicos del desarrollo de la sociedad.

En su sentido más amplio, la salud incluye alimentación y viviendas adecuadas, trabajo digno, y posibilidad de realización individual y familiar en el marco de una sociedad solidaria.

Debe ser obligación del Estado garantizar el acceso de toda la población a la atención de salud integrada e integral. Ante la situación de pobreza, marginación, exclusión y carencia de coberturas, es esencial construir ciudadanía brindando cobertura explícita a la población, en particular a la más postergada y vulnerable. Asimismo, es fundamental recuperar la raíz solidaria del sistema de seguridad social.

El modelo de atención debe estar basado en la estrategia de atención primaria de salud, y fundado en la concepción preventiva, en la participación de la población y del equipo de salud, en la jerarquización del primer nivel de atención, en el desarrollo de redes que integren el conjunto de recursos existentes en niveles progresivos de atención, y en la calidad de los servicios, dando un lugar prevalente a la mejora de las condiciones de trabajo, la capacitación permanente y el protagonismo institucional del conjunto del personal de salud..

Es menester una transformación profunda del Estado nacional para garantizar una gestión del sistema de salud eficaz y transparente, y asumir efectivamente la autoridad de regulación, particularmente en la concreción de una política de medicamentos y tecnología, y el rol de articulación de las provincias en un sistema nacional a través del Consejo Federal de Salud. El primer nivel de atención debe descentralizarse a los municipios con los recursos y competencias suficientes, a fin de concretar sistemas locales adecuados a las necesidades y con participación popular en todos los niveles de gestión.

10. La educación pública, universal, obligatoria, laica y gratuita.

La lucha por la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación.

Hoy uno de los mayores factores de exclusión definitiva de las personas es el abandono del sistema educativo; y uno de los principales instrumentos concretos de lucha contra la pobreza y marginación es la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela. No hay en el presente y en el futuro respuesta posible al problema del empleo sin la educación.

La educación debe constituirse en uno de los principales instrumentos de renovación de la vida política y de un proceso de efectiva democratización de la sociedad. En este sentido, son sus fines: la consolidación y profundización de la democracia, la afirmación de la identidad cultural y la integración social.

Para ello, debe reafirmarse el rol protagónico del Estado en la política educativa, y de la escuela y la universidad pública como espacio de producción y distribución social del conocimiento y de afirmación de la identidad cultural. Se debe garantizar la gratuidad de la enseñanza y el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, asegurando asimismo la calidad educativa.

En ese camino es imprescindible promover el acceso y permanencia de todas los niñas y todos los niños y jóvenes a todos los niveles de enseñanza; extender la obligatoriedad a la educación preescolar y secundaria; propiciar la generalización del sistema de jornada completa; establecer sistemas de becas, subsidios y servicios a todos los alumnos cuya situación social lo requiera; promover la enseñanza para adultos, e incorporar a toda la comunidad educativa en la evaluación permanente y periódica y la actualización del sistema educativo.

11. Vivienda digna y hábitat adecuado.

Las políticas de vivienda y hábitat no deben ser vistas desde la perspectiva de la obra pública, sino que deben formar parte del conjunto de políticas sociales como respuesta a un derecho social.

Las políticas de mejoramiento del hábitat son indisolubles de las demás políticas sociales en el marco de los principios del desarrollo urbano sustentable y sobre la base de la participación integral de los destinatarios.

El derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, debe incluir la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, la posibilidad de acceso al mercado de vivienda, la habitabilidad con estándares mínimos de calidad, el acceso prioritario a grupos desfavorecidos, la adecuación cultural que permita la expresión de la identidad y la diversidad, y la asistencia a las poblaciones para mantener su hábitat.

12. La integración de las personas con necesidades especiales.

Al menos el diez por ciento de la población argentina sufre alguna forma de discapacidad física o mental. La pobreza y la desnutrición subyacen como determinantes en gran cantidad de casos. La discapacidad ha sido siempre una de las grandes causas de exclusión.

El socialismo sostiene la prioridad de las políticas de inclusión social y equiparación de oportunidades de las personas con necesidades especiales. Los conceptos de equiparación de oportunidades y plena participación, más que apuntar a la ayuda individual para compensar la desventaja, deben ser entendidos como la configuración de un medio social que no presente obstáculos a personas con discapacidades, donde puedan construir y reconstruir alternativas para una mayor variedad de usuarios.

Este objetivo debe procurarse mediante el afianzamiento de una cultura solidaria y participativa; la participación protagónica de las organizaciones no gubernamentales de los interesados y sus allegados; y las acciones del Estado orientadas a la equidad y al desarrollo de la prevención.

Las acciones deben abarcar respuestas a la problemática laboral, educativa, de atención integral de salud, prevención, de hábitat, y a la accesibilidad por supresión de barreras urbanas, arquitectónicas y de transporte.

13. La democratización de la cultura.

Sin una política que promueva la creación y la difusión de la cultura, se establecen divisiones profundas entre los ciudadanos, que potencian la desigualdad económica y social. La cultura es un elemento dinamizador de la participación, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos. El acceso universal a la cultura es un elemento esencial del fortalecimiento democrático, de la igualdad y de la construcción de ciudadanía.

El socialismo aspira al desarrollo de una sociedad multicultural, capaz de convivir con las diferencias y asimilar su riqueza, en el reconocimiento de que en la conformación de las convicciones e ideas que profesa cada ciudadano en un sistema democrático, se cruzan movimientos culturales provenientes de historias y latitudes diferentes que fortalecen institucional y jurídicamente la sociedad.

Es esencial el fortalecimiento de los valores culturales que conforman nuestra identidad y de los que nos unen a América Latina, así como de las singularidades culturales de las distintas regiones de nuestro país.

Debe democratizarse la producción y consumo de los bienes culturales, y fortalecerse las industrias culturales ligadas a la producción regional, nacional y latinoamericana.

14. El derecho a la ciudad.

La mayor parte de la población vive hoy en ciudades. En la ciudad transcurre la vida cotidiana de las y los habitantes, y es el ámbito de relación más directa con los gobernantes, por lo que la participaci&oa